AL cumplirse los 10 años del fin del terrorismo de ETA se ha comprobado que este país maltrata su memoria democrática. Y que sufrimos una política tan cutre que raya en la necedad, como se ha visto con Otegi. La estrategia para conseguir la liberación de los terroristas presos a cambio de los votos de los Presupuestos del Estado era torpísima. Y ha dejado a Pedro Sánchez con sus vergüenzas al aire. Una vez más, se ha confirmado que es un pésimo estadista y que no sabe poner las líneas rojas en su sitio. Por ejemplo, para no pactar jamás con los herederos políticos de ETA, que ya no matan, pero justificaban lo injustificable y se arrepienten de mentirijillas. Y lo peor es que ocultan lo más obvio: ETA renunció a los crímenes porque estaba acorralada. El terrorismo ya no le servía para sus fines. Su único futuro era la cárcel.

ETA fue derrotada por la democracia española. ETA montó un paripé después de que las Fuerzas de Seguridad acabaran con su cúpula y detuvieran a sus principales dirigentes siete veces en dos años. ETA ya no tenía apenas capacidad para atentar, porque estaba diezmada, perseguida en Francia, acosada por la Guardia Civil y la Policía. El terrorismo (en general) era más rechazado después de las matanzas yihadistas del 11-S en Nueva York y del 11-M en Madrid. No cometieron ellos esos atentados, pero eran primos hermanos de otros suyos, como el de Hipercor en Barcelona. O de crímenes salvajes, en los que morían niños.

El partido que gobernaba cuando la derrota de ETA era el PSOE. Al frente de Interior estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue el artífice político del éxito. Y el pacto con Rajoy funcionó. PSOE y PP excluyeron el terrorismo de la confrontación. Después el PSOE ha sido olvidadizo. Y ahora ya ven. Griñán es de los pocos socialistas que ha tenido memoria para contar la verdad. Pero Sánchez no excluye a los sucesores políticos de ETA de los pactos, con tal de asegurarse el sillón. Es una vergüenza.

Con ETA vivíamos peor. Eso también hay que explicarlo. ETA no sólo atentaba en el País Vasco, sino en toda España. Un día me llamó Torres Hurtado, entonces delegado del Gobierno en Andalucía, y me dijo que yo había aparecido, entre otros periodistas, en unos papeles de un comando detenido en Sevilla. Lo cuento para que se vea que el nivel era extenso. Concejales, periodistas, soldados, policías, guardias civiles, ciudadanos que salían a la calle cuando explosionaba un coche bomba… Todos éramos sus objetivos. La memoria de 864 muertos exige que cumplan sus condenas en la cárcel.

José Joaquín León