LA Constitución se está convirtiendo en una excusa política. Los partidos que la firmaron deben ser más exigentes en su cumplimiento. Recuerden que los ponentes pertenecían a UCD, PSOE, AP, PCE y los catalanistas de Minoría Catalana (entre ellos Convergencia y ERC; es decir los precedentes de Puigdemont y Junqueras). De los siete padres de de la Constitución, dos eran catalanes: Jordi Solé Tura y Miquel Roca Junyent. Si todos los partidos actuales hubieran sido fieles a lo que firmaron sus padres de la patria, no tendríamos ningún problema territorial. El problema llegó porque firmaron un acuerdo para la Constitución y se pretende romper, sin alcanzar otro que la cambie.
La Constitución es la garantía de la democracia. Eso se sabe desde que fueron implantados los sistemas democráticos modernos. En Cádiz deberíamos tener un mayor aprecio constitucional, porque está ligado a su propia historia. Uno de los siete padres de la Constitución de 1978, José Pedro Pérez-Llorca, era gaditano. Para elaborar la Constitución nombraron como ponentes a dos madrileños, dos catalanes, un gallego, un aragonés y un andaluz (que era gaditano). Ese detalle se cuidó, en cierto modo. Entre otras cuestiones, con la representación catalana. Tampoco es casualidad que no hubiera vascos, porque no se quisieron integrar, sino chupar del bote del régimen foral.
Cádiz no defiende su importancia en el constitucionalismo de España. Aquí se promulgó la primera Constitución, en 1812, como todo el mundo sabe. Aquí vino Albert Rivera para empezar su campaña y le dio mal fario. Aquí se celebró el centenario, que nos dejó el monumento de la plaza de España. Y el bicentenario, que nos dejó el oratorio de San Felipe Neri restaurado para celebrar algunos actos. Pero han fracasado los proyectos para convertir a Cádiz en el emporio del orbe constitucional. Aún queda una sociedad de Cádiz 2012, a la que de vez en cuando amenazan con liquidar. En vez de potenciar el espíritu que llevó a crearla. Pues la Constitución de Cádiz fue también la madre de las que surgieron en la América hispana.
Pretender que el Ayuntamiento impulse proyectos ambiciosos, con repercusión más allá del Río Arillo, es una inutilidad. Se conforman con el carril bici, y vamos tirando. Tampoco las fuerzas vivas se preocupan por esos asuntos, sino por eliminar el peaje de la autopista (que va a caducar, según lo previsto), o por trasladar una facultad de Puerto Real a Cádiz. Esta ciudad se parece poco a la de las Cortes, aquella que aprobó una Constitución hace más de dos siglos.
José Joaquín León