EL ingreso mínimo vital que aprobará mañana el Gobierno no es lo mismo que la renta universal básica. No consiste en que todos los españoles e inmigrantes perciban una paguita de Pedro Sánchez. Esa diferencia de conceptos es esencial. Soy partidario del ingreso mínimo vital. También de que sea transitorio, excepcional, y para las personas realmente necesitadas. Y que no sea un donativo de la caridad del Estado, sino vinculado a buscar empleo. No puede ser un chollo sin final, como pretendía Pablo Iglesias, porque en tal caso fomentarán el fraude fiscal y las chapuzas en dinero negro, perjudicando a autónomos y trabajadores legales. Pero es cierto que, en estos momentos, muchas familias han quedado arruinadas, más aún en Cádiz, donde ya había demasiada miseria. Esas ayudas pueden ser vitales.
Al parecer, los ayuntamientos van a controlarlo, por delegación del Gobierno, con lo que puede haber más problemas de criterios. En Cádiz, a pesar de las promesas de Kichi, la gestión de los asuntos sociales ha sido polémica. Lo principal será evitar las discriminaciones. Al elaborar la lista de beneficiados deben hilar con finura, atajando los fraudes y la picaresca. Se trata de ayudar a la gente que más lo necesita, pero sin hacer la vista gorda en busca de votos.
También hay que tener cuidado con errores de bulto. Pongo un ejemplo: el Ministerio de Igualdad, cuya titular es la podemita Irene Montero, pretende incluir en el ingreso mínimo vital a las víctimas de trata de blancas y las prostitutas “en situación vulnerable”. La mayoría serían inmigrantes en situación irregular. Lamentando las críticas xenófobas y partidistas de ciertos ultras, es cierto que esta medida puede originar una discriminación. Incluso podría conseguir el fin contrario al que pretenden. Estaría muy bien si las retiran de la prostitución. ¿Pero cómo van a controlar que esas mujeres, cuando cobren el ingreso mínimo vital, no sigan practicándola? Y también es arriesgado pagar el ingreso por ser prostituta, mientras se lo niegan a otras mujeres pobres que no han cotizado a la Seguridad Social.
Cuidado con el ingreso mínimo. Primero dijeron que llegaría a un millón de prestaciones, pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció que empezarán por 100.000 (la décima parte de lo prometido). Pueden crear frustraciones. Hay que dejar claro que no se concede a perpetuidad. Con seguimiento personal, con controles, y con cautelas. De lo contrario, puede servir para discriminar más y para originar otras injusticias sociales.
José Joaquín León