EL pasado sábado un médico y una enfermera fueron agredidos entre empujones, insultos y amenazas, cuando cumplían su actividad profesional sanitaria en el Centro de Salud de Alcalá del Río. Los presuntos agresores, una pareja que fue denunciada, se quejaban porque habían tardado un cuarto de hora en atenderlos para una cura programada, debido a que los profesionales estaban ocupados en una urgencia. Así está el patio de la sanidad pública en Andalucía. La repetición de hechos semejantes nos ha llevado a un punto de insensibilidad social, en el que estas agresiones pasan casi desapercibidas, como si ya formaran parte del sistema. Es comprensible la indignación de los sindicatos de médicos y de enfermería. Y de los profesionales, en general, algunos de los cuales se largan del sistema público andaluz en cuanto pueden.

Sobre este asunto existe una visión buenista, que es falsa. La sanidad andaluza, como todas, necesita mejoras. Es cierto que los profesionales sanitarios están estresados, con consultas colapsadas a veces, y no siempre pueden cumplir las obligaciones profesionales que les fijan. Pero esas deficiencias no pueden servir para justificar los insultos de algunos usuarios, ni mucho menos las agresiones.

Porque el problema no es sólo del SAS, sino que hay un cierto publiquito peligroso. Entre los pacientes, la inmensa mayoría son personas normales, que acogen los retrasos con resignación. Pero, como la sanidad andaluza es universal (incluso cosmopolita, como debe ser), entre los pacientes también hay personas con antecedentes, energúmenos, perturbados, e individuos e individuas impresentables. Algunos están denunciados, pero vuelven a montar un escándalo en cuanto pueden. Hay agresores a los que se ve venir, están acostumbrados a la violencia, que aplican a sus quejas por la supuesta mala atención que reciben. Una profesional me comenta que algunos vigilantes de seguridad tampoco intervienen demasiado, porque excede de sus funciones. Y así quienes se tragan el sapo son los médicos y médicas y los enfermeros y enfermeras que están atendiendo, y que hacen lo que pueden. Es obvio que no fastidian a nadie por gusto.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tiene aquí otra patata caliente. No puede defender a los profesionales sanitarios como si fuera Superman o Batman, aunque quizá le gustaría, pero hay que revisar caso por caso, para diagnosticar el origen de las agresiones y tomar medidas de prevención más eficaces. En caso contrario, es un problema que irá a peor. Aquí también influye la mala educación.

José Joaquín León