VIVIMOS en una sociedad con tendencia a culpar a los políticos. De lo suyo y de lo que corresponde a otros. Quedó de manifiesto en el caso del ascensor del hospital de Valme. Allí murió la joven Rocío Cortés, cuando era trasladada en una camilla, en unas circunstancias tan lamentables como confusas. Por eso, ahora también hay que tener prudencia y respetar la presunción de inocencia, cuando el atestado de la Policía apunta a “un fallo humano”. El ascensorista responsable del mantenimiento declarará como investigado. Pero ni antes la culpable era la consejera de Salud, Marina Álvarez, ni ahora lo es el ascensorista. Todavía no se ha juzgado lo ocurrido.

Sin embargo, es un asunto para reflexionar: la ligereza con la que buscan culpables. Los políticos, en general, tienen una responsabilidad en la gestión pública, en las actividades de su competencia. Pero eso no excluye las responsabilidades individuales de las personas que trabajan como funcionarios, como empleados, o como lo que sea. En las empresas privadas suele estar asumido. Sin embargo, en las empresas públicas, como hay políticos por medio, se trata de erosionarlos, a veces con argumentos populacheros o populistas.

En el caso de Valme, la polémica no sólo se centró en los fallos que eventualmente habrían tenido los ascensores. Entre las críticas, llegaron a esgrimir las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, los pacientes sin camas y no sé qué más. Los dedos acusadores apuntaron a la consejera Marina Álvarez, e incluso a Susana Díaz. Como si ellas hubieran dirigido la camilla, o hubieran revisado el ascensor.

Estas arbitrariedades suceden porque obtenemos las conclusiones antes de conocer las investigaciones. Y porque hay prejuicios de rivalidad política. No se busca la verdad, sino zarandear lo que interesa. Por el otro lado, se corre el riesgo contrario: culpar ya al ascensorista por “un fallo humano”, cuando todavía está en fase de investigación. La realidad es la que es: el misterio sigue sin ser resuelto. Hay hipótesis o suposiciones “probables”.

Algo semejante puede suceder con el caso del vertido y los olores de Coria del Río. Posiblemente, hubo lentitud o dejadez en la reacción municipal. Pero habrá que esclarecer lo sucedido y encontrar a los verdaderos culpables. Para entenderlo, es como si en las novelas de Agatha Christie culparan a los políticos antes de que Hércules Poirot descubra al autor del crimen.

José Joaquín León