PASA con los jueces lo mismo que con los árbitros: a unos los consideran caseros y a otros anticaseros. La culpa de la politización de la Justicia la tienen los políticos (de todos los partidos) que hablan del Estado de Derecho, Montesquieu, la separación de poderes, la independencia judicial y otros sagrados preceptos en los que no creen ni ellos mismos. Son como Mourinhos. De modo que hablan de este juez o de aquella jueza, según le piten a los suyos. Igual que los investigados son culpables o inocentes, según sean de su partido o del otro. La presunción de inocencia sólo protege a los propios y se olvida con los rivales.

El sistema tiene una credibilidad dudosa, porque dudan quienes deben reforzarlo. En Sevilla, con el caso de los ERE, se ha vivido de un modo muy especial. Primero con la juez Mercedes Alaya, a la que sólo le faltó un besamanos. Para unos fue como una Juana de Arco de los tribunales, que iba a acabar con la corrupción en la Junta de Andalucía, enchironando a Chaves y a Griñán. En ciertos momentos, incluso apareció como una it girl, aunque ella no lo ejerció. En muchas fotos se la veía con una maleta, donde se ocultaba un mito, puede que una promesa de secretos inconfesables. Los del PSOE no la tragaban, y cuando dejó el asunto se celebró sin disimulos.

Al PP le salieron casos de corrupción por otros lares, y le entraron los nervios. Así empezaron las quejas contra María Núñez Bolaños, la sustituta de Alaya, que ha derivado en un abierto enfrentamiento, hasta plantear la recusación por su parentesco familiar con una cuñada que trabajaba en la agencia IDEA de la Junta. Dudas esparcidas tras ver su capacidad archivadora, y con la intuición de lo que pudiera venir con respecto a Chaves y Griñán.

Es una pelea que se libra en Sevilla, y por extensión en Andalucía. Pero salpica al concepto de la independencia judicial en toda España. Incluso a la otra independencia, la de Cataluña. Se da a entender que no existe imparcialidad judicial, tanto antes con Mercedes Alaya, como ahora con María Núñez Bolaños; como en el procés catalán con Carmen Lamela, o con el juez que lleve cualquier caso político. Se sugiere que en el Poder Judicial deciden según el carné, y que las mismas leyes se pueden aplicar en un sentido o en el contrario.

Con tantas dudas, se abre el camino para convertir en mártires a los delincuentes, sean del color que sean. Y la culpa es de los políticos, sean del color que sean.

José Joaquín León