Las dos orillas (Grupo Joly)
EN Cataluña se sigue pagando un gravísimo fracaso de los partidos constitucionalistas: perder unas elecciones después de aplicar el artículo 155. Ahí estuvo la clave para cambiar el rumbo. Con un Gobierno constitucional otras políticas serían posibles. Sin embargo, con una mayoría independentista en el Parlament, vemos lo que hay. Este Quim Torras es un testaferro de Puigdemont, que ya ha anunciado sus proyectos: trabajar por la independencia. Más de lo mismo. El PP, el PSOE y Ciudadanos incluso han temido la opción de acudir a otras elecciones catalanas en julio, porque sabían que las volverían a perder. Es triste, pero es lo que hay. Mientras no cambien esa realidad funesta, Cataluña no tiene arreglo.
A pesar de algunas cortinas de humo, como la disolución de ETA (que estaba muerta y bien muerta desde 2011), en los últimos días el mundo gira en torno a los abusos sexuales y las violaciones. Y no sólo por el caso de La Manada. Ha salido en libertad el violador de La Verneda (después de cumplir 20 años de cárcel de los 167 años a los que fue condenado), a pesar de que Instituciones Penitenciarias no lo da por rehabilitado. Entonces se llega al dilema de siempre: ¿queremos unas penas duras o blandas? Sobre esto deberían reflexionar los partidos que no tienen las ideas claras. O que dicen el mismo día una cosa y su contraria.
EN enero de 2019 se cumplirán 30 años desde la refundación del PP, y algunos consideran que sería un buen momento para volver a refundarlo. En estos tiempos de la nueva política ya no se entiende aquella refundación, que contribuyó a que el centro y la derecha dejaran de perder elecciones contra Felipe González, una tras otra, y así desde 1982 a 1996. La refundación se gestó porque la Alianza Popular de Manuel Fraga ya estaba harta de perder, y porque les había salido mal el intento de rejuvenecerla con Antonio Hernández Mancha como líder. Fraga volvió a tomar las riendas, pero el que iba a mandar era un muchacho llamado José María Aznar, al que colocó como vicepresidente de su partido.
EL último comunicado de ETA es rechazable por su inmoralidad, al diferenciar víctimas buenas y malas. Sin olvidar eso, tampoco debe apartarnos de la realidad. ETA está cumpliendo los últimos trámites para disolverse como organización terrorista, aunque en realidad ya no existe. Ha dejado de ser una preocupación para la mayoría de los españoles desde que no asesinan. El Gobierno de Rajoy pasará a la historia como el que certificó la defunción de ETA, aunque se debe reconocer a Zapatero (y a Rubalcaba) que la lucha contra el terrorismo etarra fue uno de sus pocos puntos fuertes como gobernante, y que resultó decisivo para el fin de los crímenes. Es una victoria de la democracia, con especial valor y significado para el PP y el PSOE, que perdieron a militantes y cargos, asesinados en ese largo y duro camino del terror, que comenzó en las postrimerías de Franco y ha terminado en la segunda década del siglo XXI.
LOS títulos y méritos de los políticos están en el punto de mira desde hace tiempo. Esto no lo ha inventado Cristina Cifuentes, con su máster de misteriosa procedencia. Tampoco es el único caso lamentable, como se está viendo. Se ha abierto la veda del titulado. Uno de los que más la criticaba era José Manuel Franco, líder socialista madrileño, y él mismo ha reconocido que se añadió en su currículum una titulación de Matemáticas que no tenía. En Galicia ha dimitido el número dos de Podemos, Juan Merlo, obligado por sus compas, porque en su curriculum aparecía “por error” un falso título de ingeniero. Dicen que no es lo mismo que las presuntas mentiras de Cristina Cifuentes, pero sí es lo mismo, porque hicieron lo mismo: mentir e inventarse méritos.