Las dos orillas (Grupo Joly)
HOY están convocados los ciudadanos empadronados en España para las elecciones municipales. En algunas comunidades autónomas (entre las que no están Cataluña, País Vasco y Galicia, las nacionalidades establecidas en la Constitución, ni Andalucía, que se ganó la autonomía tras un referéndum) también están convocados a elecciones regionales. Pero en ningún lugar de España se ha convocado a nadie para unas elecciones generales, ya que no tocan todavía. Eso conviene saberlo. Las elecciones municipales tienen su dinámica propia; y se ha repetido por activa y por pasiva que muchos ciudadanos votan diferente. No es lo mismo elegir a un alcalde que a un presidente del Gobierno.
LA polémica de la campaña por los candidatos de Bildu con pasado etarra no tiene nada que ver con los ayuntamientos andaluces y con otras autonomías, excepto el País Vasco. Eso es verdad. Y sería ilegal (además de antidemocrático) prohibir un partido político, aunque sea Bildu, como pide Ayuso. Pero está bien que haya surgido la polémica, porque ha servido para demostrar que la llamada memoria democrática es un invento interesado del PSOE sanchista (antes zapaterista) y la izquierda extrema para atribuirse una superioridad moral. Sin embargo, no hay memoria democrática en este país, sino memoria selectiva. Recuerdan lo que les interesa recordar. Y se olvidan de lo que les interesa olvidar.
TERMINO esta trilogía de artículos dominicales sobre la vivienda, recordando que el populismo del Gobierno del PSOE sanchista y Unidas Podemos, con sus colegas independentistas de ERC y los proetarras de Bildu, está en el camino de conseguir que el sueño de tener un piso propio sea cada vez más difícil de cumplir para los jóvenes. No construyen viviendas sociales, los alquileres están más caros que nunca, las hipotecas han subido a niveles de impagables y, como remate, conceden mayores ventajas a las okupaciones de pisos. Para colmo, cuando Pedro Sánchez, en plena campaña de promesas, anuncia que avalará el 20% de las hipotecas a jóvenes, los líderes de Podemos dicen que es “una infamia”. Es un Gobierno que destrozará el mercado inmobiliario en pocos años, si las urnas no lo remedian.
AL hablar de viviendas, como hace Pedro Sánchez, no se puede olvidar que la mayor parte de los barrios con viviendas sociales que existen en España fueron construidos en el franquismo. ¡Ojo! Con eso no se trata de justificar la dictadura. Pero es obvio que el franquismo procuró medidas sociales apaciguadoras para las clases medias y bajas. Entre ellas, estuvieron la mejoría de la sanidad, la educación y la vivienda pública. Ramón Tamames, en Introducción a la economía española (edición de 1974), destaca que en España había entre 25.000 y 30.000 empresas de construcción (la mayoría pequeñas), que recibían créditos del Estado a bajo interés, mediante tres bancos públicos (Construcción, Hipotecario y Crédito Industrial). El 1 de mayo de 1959, José Luis Arrese, ministro de Vivienda, había expuesto su proyecto con una lapidaria frase: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”.
LA polémica Ley de la Vivienda es otra concesión de Pedro Sánchez para contentar a sus socios de Frankenstein. Viene patrocinada por los independentistas de Bildu y ERC, con el aval de Unidas Podemos. Pedro Sánchez abandona las políticas socialdemócratas, que eran las propias del PSOE, para introducir políticas del marxismo en versión podemita. En el maniqueísmo marxista, los buenos son los proletarios, mientras que los malos son los capitalistas. ¿Y los demás? Esas teorías eran del siglo XIX, y en muchos aspectos están desfasadas. Pero no se trata de teorías, sino de fantasías. En la Ley de Vivienda, van a cometer un error garrafal, porque hay más propietarios de pisos que okupas. Y van a beneficiar a una minoría que está fuera del sistema.