ALGUNAS personas con sentido común (en Cataluña lo llaman seny y ya no existe, aquí escasea) van diciendo por las esquinas: “¡Vaya con la estrategia de vacunación! No la entiende nadie”. Y es que empezaron quejándose por los militares y los concejales que se colaban, y les quitaban las vacunas a los viejecitos, que se iban a morir por culpa de esos corruptos. Y ahora resulta, según las estadísticas de la Junta, que ya han vacunado a casi todos los mayores de 80 años, pero son pocos los vacunados entre los 70 y los 79 años. Y lo más sorprendente: hay más vacunados de entre 60 y 65 años que entre 65 y 69 años. Estos últimos son los más perjudicados.

NO se puede decir que el Ayuntamiento de Cádiz le haya declarado la guerra al gremio de los taxistas con la nueva ordenanza que preparan. Decir eso sería exagerado. Pero sí que les están buscando las cosquillas. Hay una cuestión de fondo: el gremio de los taxistas gaditanos es uno de los mejores de este país. En casi todos los rankings de los consumidores sale que el taxi gaditano está entre los tres más baratos de España. Tampoco se les acusa, como en otras ciudades, de dar rodeos para encarecer la tarifa a los guiris. Verdaderamente, en Cádiz, pocos rodeos se pueden dar. Pero se trata de un servicio que no es conflictivo. Y que ha sufrido la pandemia, como sucede con otros profesionales.

EN la semana de la Pascua florida (o sea, la semana después de la Semana Santa) hemos asistido a la ascensión política de Bruno García. El PP lo propondrá para ser el nuevo presidente provincial de Cádiz, ya que Ana Mestre no se puede presentar por su cargo institucional en la Junta de Andalucía. Los dos son de origen jerezano, como casi todos los líderes provinciales del PP desde Antonio Sanz; y los dos se curtieron cono concejales en el Ayuntamiento de Cádiz capital, a la sombra de Teófila. No se puede decir que Bruno estuviera apartado de la política, puesto que es parlamentario andaluz, y ejerce como portavoz de Turismo y Política Municipal. Pero sí que aparecía en otro plano. Su nuevo cargo le dará galones y quizá se vuelva a hablar de él como supuesto candidato a la Alcaldía de Cádiz en 2023. Esto último es bastante dudoso, ya que Juancho Ortiz sigue ahí y podría intentarlo por segunda vez.

EN este país existe una doble moral para la derecha o para la izquierda, para unos temas o para otros, según el catecismo ateo que algunos se han inventado. Pero el problema va a peor, porque están consiguiendo el efecto contrario. Pongo un desgraciado ejemplo: desde el pasado domingo, por culpa del incidente del estadio Carranza, ha aumentado el racismo. Y no por la frase atribuida a Cala, sino porque después se han escuchado barbaridades. Como tantas veces, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y eso nos lleva al alcance de las ideas, en una sociedad como la nuestra, encarajotada por una parte, crispada y sectaria por otra, donde la moderación y el buen talante entre los que piensan diferente se han venido abajo, ante tanto odio. Pues con los alcaldes pillados in fraganti hemos visto otro episodio curioso.

ES inaceptable que insulten a una persona por el color de su piel, sea blanca, negra, amarilla, roja, cobriza, o lo que sea. Igual de inaceptable es que insulten a una persona por su etnia, por su país de origen, o por su ciudad de nacimiento. Incluso es inaceptable que insulten a una persona, en general, y le digan “hijo de puta”, aunque no le digan “blanco de mierda”. A partir de ahí, sería condenable que Juan Cala le dijera a Diakhaby lo que dicen que le dijo. Pero nadie lo ha oído. Porque ese es el problema: se trata de la palabra de un futbolista, que lo afirma, contra la de otro, que lo niega. Ni el árbitro, ni los auxiliares, ni el VAR, ni ningún jugador del Cádiz, ni tampoco ninguno del Valencia lo oyeron. En las imágenes de televisión, al menos en las ofrecidas, tampoco se aprecia, y el que habla primero parece que es Diakhaby. No se trata de convertir a una víctima en culpable, pero tampoco se puede condenar a nadie sin pruebas, por una frase supuesta.